La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la responsabilidad en la acción pública

Abstract

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno articula, por primera vez en España, el desarrollo del principio de transparencia. Las previsiones de la Ley afectan a todas las administraciones públicas, y también a la Casa Real, al Banco de España y a las entidades públicas o privadas financiadas significativamente con fondos públicos; incluidos partidos, sindicatos y organizaciones empresariales. Se establece que la infomación pública debe estar disponible libre y gratuitamente en todos los formatos o soportes posibles. El solicitante de información no está obligado a justificar el motivo de su solicitud, y se le debe facilitar la información solicitada en plazos muy perentorios. Además, este derecho de acceso tiene unos límites mínimos. La Ley establece minuciosamente la reacción sancionadora del ordenamiento jurídico para todo el que incumpla las obligaciones indicadas en su texto.